Rubén Moreira : Narco Veracruz, foco rojo de inseguridad, alertan autoridades

por Rubén Moreira

Los recientes hechos violentos, contra la población, como el granadazo, preocupan a las autoridades federales

Los constantes enfrentamientos entre células antagónicas del crimen organizado y los ataques a la población del grupo delictivo Los Zetas para evitar que sean detenidos en Veracruz, han encendido los focos rojos en el gabinete de seguridad federal.

Tres hechos violentos son los que han generado preocupación entre los altos mandos de la Armada de México (Sermar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Policía Federal (PF), debido a que las células del crimen organizado están utilizando el mismo modus operandi para evitar que las fuerzas federales los detengan durante los enfrentamientos u operativos.

Los hechos vielentos contra la población se han dado en menos de cinco días del presente mes.

El primer ataque se realizo el 9 de agosto, cuando una granada de fabricación casera explotó en las inmediaciones de la Plaza Central de Tuxpan, ubicada frente al palacio municipal. De este ataque resultaron heridas tres personas.

De acuerdo con los testigos, el artefacto explosivo fue arrojado de un vehículo en marcha. Durante un enfrentamiento en la zona conurbada entre células de Los Zetas contra elementos del Ejército mexicano; el 13 de agosto, los sicarios dispararon contra Irving Hernández, médico del Hospital General de Veracruz, cuando trataban de huir del operativo militar.

Una acción similar se dio el domingo 14 de agosto, cuando una persecución y enfrentamiento entre efectivos militares contra zetas dio como resultado una persona muerta, una mujer y dos menores de edad heridos por la explosión de una granada de fragmentación que arrojó el grupo delincuencial a la población para evitar que fueran detenidos.

Estas agresiones a la población en los últimos días prendieron los focos rojos en el gabinete de seguridad, donde se está buscando aplicar acciones distintas durante la detención de los narcotraficantes, debido a que “Veracruz es el único estado, donde los sicarios han atacado a la población al tratar de evadir las acciones de las fuerzas federales”.

Grupo Imagen Multimedia recogió diversos testimonios de militares, federales e integrantes de la Armada de México, además de taxistas, meseros, franeleros y ciudadanos en el Puerto de Veracruz, quienes por separado aseguran que el cártel de Los Zetas son los dueños del estado.

Para evitar represalias del crimen organizado contra los entrevistados se tomó la decisión de cambiar las identidades y así salvaguardar su integridad física.

Las redes del narco

El poder económico del crimen organizado puede pagar mil pesos diarios a franeleros, taxistas, meseros, boleros y ciudadanos comunes que se pasan horas sentados en las banquetas o bancas del puerto con la única finalidad de informar sobre las actividades de personas que consideren sospechosas.

De acuerdo con las versiones de elementos del Ejército y Armada de México entrevistados por separado en los operativos que realizan en municipios de Veracruz, algunos integrantes de las corporaciones policiacas estatales y municipales dan protección a los grupos del crimen organizado.

Ernesto, militar destacamentado en el Puerto de Veracruz, asegura que las filtraciones del crimen organizado en las corporaciones policiacas evitan que los delincuentes sean detenidos durante los operativos que realizan.

“Aquí uno está para detener a los narcotraficantes, se han ubicado y cuando vamos por ellos, algunos policías del estado les dan el pitazo, hemos captado esas comunicaciones en las propias frecuencias de las unidades; sabemos que aquí los enemigos también están dentro de las corporaciones policiacas”.

Durante un patrullaje del Ejército por la colonia López Mateos en el Puerto de Veracruz; Santos, integrante de un convoy federal, señala una patrulla y asegura que algunas unidades de la policía estatal o municipal sirven de halcones para el grupo delictivo de Los Zetas.

“Ya ves, son los halcones de Los Zetas, esas patrullas se turnan para vigilar nuestros movimientos; pero hasta el momento no podemos detenerlos, porque no hay denuncias contra ellos, pero a eso se dedican, a vigilarnos con el argumento del apoyo del estado para los operativos.

Prueba de lo dicho lo sostienen las detenciones que ha realizado en el estado la Policía Federal, como fue el caso de Albert González Peña o Franco Bueno Peña, alias El Tigre, presunto jefe de plaza en Veracruz de Los Zetas, relacionado con los delitos de privación ilegal de la libertad, narcotráfico y extorsión, quien era protegido por elementos de la policía estatal y municipal de Veracruz.

De acuerdo con los reportes del área de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública federal, González Peña o Franco Bueno Peña, era encargado del control del trasiego de droga hacia el norte y centro del país, teniendo como zona de operación el Estado de México y Veracruz.

Este sujeto está relacionado con el delito de extorsión “cobro de piso” a dueños de bares, centros nocturnos y comerciantes ambulantes en Veracruz.

En la colonia Las Ánima, los vecinos conocían las actividades ilícitas del narcotraficante, las cuales fueron denunciadas a las autoridades de la Procuraduría y Seguridad Pública del estado; sin embargo, nunca actuaron debido a que el delincuente tenía protección gubernamental y municipal.

Tras su detención el pasado 25 de junio por elementos de la Policía Federal, se reveló que su modo de operar consistía en elegir como víctimas a personas cercanas a él, mismas que eran privadas de la vida una vez que obtenía el pago que exigía.

Además, a Albert González Peña, de 43 años, se le relaciona con tres secuestros en el Estado de México y el Puerto de Veracruz; además de infiltrar a sus sicarios a las corporaciones policiacas para obtener los reportes de los movimientos de las fuerzas federales.

Los interrogatorios a los delincuentes detenidos por la Policía Federal señalan que en sus listas de pago hay elementos de las tres corporaciones del estado y funcionarios que reciben de mil a cinco mil pesos por dar información sobre los operativos federales.