Por Rubén Moreira
CUARENTA días ha tardado Chaves en sacarle los colores a Zapatero. En cuanto sonó su nombre como una de las posibles incorporaciones al Gobierno, señalamos como uno de sus defectos la «vocación clientelista» y advertimos al presidente de los riesgos de su elección. Pronto han empezado a hacer acto de presencia los fantasmas de su etapa al frente del Ejecutivo andaluz. La noticia publicada ayer por EL MUNDO de que la Junta dio 10 millones de euros a una empresa dos meses después de que ésta contratara como apoderada a una hija de Chaves demuestra el grave error de Zapatero y coloca contra las cuerdas al vicepresidente tercero. ¿Es esa Andalucía la que Zapatero puso el domingo de ejemplo para el resto de España y que quiere utilizar como palanca de arranque de un nuevo modelo de desarrollo? Los datos aportados por nuestro periódico no encontraron ayer ninguna respuesta convincente. Zapatero y Leire Pajín se limitaron a defender a Chaves con generalidades en las que apelaban a su «buen comportamiento» y su «transparencia». La Junta de Andalucía, por su parte, trató de presentar a Paula Chaves como a una simple trabajadora de la empresa favorecida para justificar que el ex presidente no se inhibiera en la concesión de las ayudas. Pero la ley andaluza de incompatibilidades obliga a los altos cargos a abstenerse en asuntos relacionados con empresas en las que tomen parte familiares que intervengan en su «dirección, asesoramiento o administración» y, en tanto que apoderada, las atribuciones de la hija de Chaves encajan en esos supuestos. La propia compañía confirmó ayer que ésta tiene entre sus cometidos «la tramitación de incentivos y ayudas». ¿Hacen falta más explicaciones? Se ocupa de buscar subvenciones como la que firmó su padre. Ni más, ni menos. Chaves trató ayer de sacudirse cualquier responsabilidad pasando al ataque: «Todo es una pura falacia, una información hecha con rencor y con resentimiento». La respuesta le retrata y muestra cómo entiende la relación con los medios que le resultan incómodos. Seguramente respira por la herida de la frustración después de haber intentado sin éxito y pese a sus poderosos tentáculos en Andalucía que la Justicia condenara al director de EL MUNDO en Andalucía y a varios de sus redactores. Pero su defensa se vuelve mucho más difícil después de lo que hoy revelamos. Para que la empresa obtuviera ayudas públicas la Junta tuvo que cambiar las reglas de juego. De hecho, la compañía había solicitado una subvención equivalente al Ministerio de Industria que éste había denegado, puesto que el proyecto para el que pedía ese dinero ya estaba en marcha. La norma autonómica prescribía lo mismo, como es lógico, ya que este tipo de ayudas se ofrecen para promover la actividad, no para pagar a toro pasado las apuestas empresariales. La modificación se produjo un mes después de que Paula Chaves entrara en la empresa, en lo que se antoja un verdadero traje a medida de 10,1 millones de euros. Con estos datos no sólo queda patente la abrumadora responsabilidad política de Chaves sino que se acumulan los indicios de lo que podría terminar siendo un episodio de prevaricación y tráfico de influencias. En todo caso, este asunto le crea un grave problema a Zapatero, porque deja muy tocado a uno de sus vicepresidentes y una de las personas que mayor poder acumula en el PSOE, en tanto que líder de la organización en Andalucía y presidente nacional del partido. Además, retrotrae al Gobierno a los tiempos del viejo PSOE. Es difícil entender cómo Zapatero cuando, tras su segunda victoria electoral, tenía las manos libres para pasar definitivamente la página del felipismo, ha resucitado a uno de sus principales protagonistas. Ahí tiene el resultado.
“Esas emisoras, entre las cuales hay algunas que transmiten en lenguas indígenas, tendrían que estar sujetas a un trato diferenciado en lo que se refiere a la manera de cumplir con la ‘pauta’ propagandística señalada por el IFE en los procesos electorales. En cierto tipo de elecciones, por ejemplo aquellas que se hacen de acuerdo con usos y costumbres, las emisoras comunitarias que transmitan en lengua indígena solamente difundirían promocionales de las autoridades electorales y no de partidos, siempre y cuando no esté involucrada una elección federal o local: ‘En el caso de emisoras permisionarias privadas sin fines de lucro que tengan su cobertura principal en una localidad donde se celebren elecciones por usos y costumbres, y que no coincidan con alguna elección federal o local, se transmitirán durante el periodo ordinario solamente promocionales de las autoridades electorales’”.