Rubén Moreira : narco vs Periodistas México

Por Rubén Moreira

* 50 periodistas fueron asesinados desde el 2006

 

* Denuncian amenazas de narcos y de fuerzas de seguridad

 

* En las zonas más violentas reina el silencio

 

 

Por Anahí Rama

MEXICO DF, jul 29 (Reuters) - El estado de Tamaulipas, en el norte de México, es territorio de sangrientas batallas entre dos grupos de narcotraficantes, uno de los cuales es acusado de causar horrendas masacres. Pero los medios de comunicación de la región casi no hablan de violencia.

La feroz guerra narco se derramó sobre buena parte del país en los últimos años y muchos periodistas viven bajo la amenaza de los cárteles de la droga e incluso de integrantes de las fuerzas de seguridad, según denuncian algunos, imponiéndose la autocensura y reporteando lo mínimo posible.

Además de cámaras, grabadoras o libreta y plumas, ahora muchos reporteros cargan un chaleco antibalas, aunque saben que no les servirá de nada si son atacados por algún grupo armado de un cártel de la droga al que no le gustó alguna nota.

"Mi trabajo no es estarte avisando, mi trabajo es matar. Tú síguele y nos vamos a topar", dijo una voz al teléfono de un periodista de una televisora en Monterrey, la ciudad más rica del país, hasta hace unos años un oasis en medio de la ola de violencia pero ahora escenario de lucha entre cárteles.

"Sabían todo de mí, dónde vivo, cuántas hijas tengo y sus nombres", dijo el periodista al recordar la amenaza, ocurrida años atrás a raíz de la captura de sicarios de los Zetas, antes brazo armado del cártel del Golfo y ahora su enemigo.

Los asesinatos y amedrentamiento de periodistas aumentaron a medida que la violencia se esparció en el país y ya no se reduce sólo a la frontera con Estados Unidos, donde los cárteles arremeten entre sí para intentar adueñarse de las rutas claves de las drogas.

Desde el 2006, año en que recrudeció la lucha entre cárteles, 50 periodistas han sido asesinados, según datos de la oficial pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En regiones vecinas a la Ciudad de México como el estado de Morelos, algunos trabajadores de prensa han sido secuestrados desde diciembre del 2009, cuando marinos abatieron al jefe narco Arturo Beltrán Leyva y se desataron sangrientas luchas internas por el liderazgo de la organización.

"Trabajas cuidándote de que no te pase nada. Te refieres a un hecho puntual de violencia pero sin interpretar, sin ir a fondo", comentó un reportero de radio de Cuernavaca, capital del estado, que cambió de casa a un lugar más seguro tras ser secuestrado y liberado tras pagar 10,000 dólares.

 

MUERTE E IMPUNIDAD

La mayoría de los asesinatos de periodistas siguen sin esclarecerse, lo que según organizaciones civiles propicia más ataques, en medio de una ola generalizada de violencia que dejó más de 40,000 muertos desde que el presidente Felipe Calderón lanzó una campaña antinarcos tras asumir el poder en el 2006.

Aunque el Gobierno y el Congreso han promovido la creación de algunas instancias para atender la violencia contra los periodistas las amenazas y los crímenes han continuado.

Al mismo tiempo, numerosos medios han sido objeto de atentados con granadas o disparos.

Los periodistas suelen recibir amenazas para que no informen sobre capturas de miembros de carteles porque esto los debilita ante sus enemigos, pero muchas veces los narcos llaman a los medios para avisar de ejecuciones espectaculares donde los cadáveres son colgados de puentes, descuartizados, o tienen colocados "narcomensaje" con amenazas para sus rivales.

Por si fuera poco, algunos reporteros han dicho haber sido amenazados por policías, soldados o marinos -a veces cómplices de narcotraficantes o muchas veces acusados de abusos contra la población civil- que los golpean o les quitan sus cámaras.

"Sin orden de allanamiento y en vehículo con la placa tapada, soldados llegaron a mi oficina, abrieron tres vehículos y trataron de llevarse cámaras, de todo", narró un periodista de Nuevo Laredo, Tamaulipas, una de las ciudades fronterizas con Estados Unidos donde esa profesión implica riesgo de vida.

Allí, donde centenares de inmigrantes mexicanos y centroamericanos fueron masacrados entre 2010 y 2011, se palpa el ejemplo más claro de hasta qué punto se han complicado las cosas para los informadores.

En los periódicos prácticamente no aparecen noticias sobre violencia, salvo comunicados del Gobierno federal. Algunos medios llegan a citar publicaciones del otro lado de la frontera, como los ubicados en McAllen o Brownsville, en Texas, para evitar roces con los narcotraficantes o autoridades.

"Los Zetas y el Cártel del Golfo son la nota más relevante en Tamaulipas hoy, pero es un tema que no se toca. El crimen organizado está en control de la escena política del estado, de la policía, del sistema de justicia", dijo Michael O'Connor, del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ).

 

PERIODISMO DE SUPERVIVENCIA

En ciudades como Nuevo Laredo o Reynosa la población utiliza redes sociales como Twitter para alertar sobre tiroteos o retenes de sicarios ubicados en las carreteras, que pueden ser verdaderas trampas mortales.

La víctima más reciente del drama que viven los reporteros fue Yolanda Ordaz, del periódico Notiver, en el estado de Veracruz, quien cubría noticias policíacas desde hace 20 años.

Su cuerpo decapitado fue hallado frente a otro periódico, lo que algunos periodistas del estado citados por la CPJ interpretaron como un mensaje contra la prensa. El mes pasado otro conocido periodista de Notiver, Miguel Angel López Velasco, fue asesinado junto a su hijo menor y su esposa.

Diversas instancias para proteger periodistas han sido creadas en los últimos años, pero los reporteros continúan sintiéndose a la deriva y tratan de cuidarse entre sí, dejando de lado el afán por la nota exclusiva y acudiendo en grupo a cubrir ejecuciones o tiroteos.

"Hacemos un periodismo de supervivencia, caminando sobre la línea. Sabemos que es peligroso pero hacemos un esfuerzo por darle al lector lo que quiere leer", dijo Ismael Bojórquez, director del periódico Rio Doce, del norteño estado de Sinaloa, cuna del cártel del mismo nombre, que dirige el prófugo Joaquín "el Chapo" Guzmán.

El fiscal especial para atender delitos contra la libertad de expresión, que actúa en el marco de la Procuraduría General de la República, denegó un pedido de entrevista para conocer el estado de las investigaciones de crímenes contra periodistas.