por Rubén Moreira
El procurador del Estado de México, Alfredo Castillo informó que Jorge Armando Hernández López "El gordo" aceptó haber participado en el homicidio violento de cinco personas en Ecatepec y quienes formaban parte de organizaciones antagónicas. El procurador del Estado de México, Alfredo Castillo informó que fue desarticulada una segunda célula de la Familia Michoacana que se estaba reagrupando ante las recientes detenciones que las autoridades estatales realizaron.
Por Humberto Moreira
Los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) en laAsamblea Legislativa capitalina (ALDF) denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) un presunto desfalco de más de 139 millones de pesos durante la gestión de Martí Batres en la Secretaría de Desarrollo Social local.
Los diputados Rafael Medina Pederzini (PAN) y Fidel Suárez Vivanco (PRI) enviaron un comunicado conjunto donde señalaron que el presunto desfalco en el Programa Uniformes Escolares Gratuitos 2011 se perpetró en la administración del ex secretario Martí Batres.'A últimas fechas, padres de familia de escuelas públicas de las 16 delegaciones políticas acudieron a nuestras oficinas a denunciar que el pasado 22 de junio fueron obligados a firmar la lista de recepción de los vales de útiles y uniformes escolares que entrega el GDF, siendo que no les había sido realizada la tercera entrega del programa por una cantidad de 150 pesos', indicaron los legisladores locales.Con 700 documentos que comprueban el desfalco, los asambleístas presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especial para Servidores Públicos de la PGJDF contra Batres Guadarrama y 'quien resulte responsable de dicho fraude'.Por Humberto Moreira
Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral (CGIFE) mediante la cual declaró infundada una queja en contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), amonestó a diversas radiodifusoras y multó al Partido del Trabajo (PT), por la presunta contratación de propaganda electoral en diversas concesionarias de radio, a favor de Andrés Manuel López Obrador y el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA).
En el proyecto de sentencia, presentado por el magistrado presidente, José Alejandro Luna Ramos, se establece:
1.- Que el IFE no justificó plenamente su determinación de que el PRD no obtuvo beneficio alguno con la difusión de dichos mensajes
2.- No aportó argumentos suficientes para solamente amonestar públicamente a las concesionarias que difundieron los spots
3.- Que debió investigar con mayor detalle la supuesta contratación del PT de 80 promocionales.
Los magistrados María del Carmen Alanis Figueroa, Constancio Carrasco Daza, Manuel González Oropeza, Salvador Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos López apoyaron el proyecto de sentencia.
En consecuencia, se dejó sin efecto la sanción impuesta al PT, únicamente por cuanto hace a la supuesta contratación de 80 promocionales denunciados, para que el CGIFE lleve a cabo un nuevo análisis de esos spots, que indebidamente fueron considerados como contratación de tiempo en radio por parte de ese instituto, para determinar si su transmisión fue ilegal, bajo la óptica de una posible adquisición por parte de quien resulte responsable, y emita las sanciones que resulten pertinentes.
Asimismo se ordenó al CGIFE determinar si el PRD debe ser sancionado, y la gravedad de las infracciones de las radiodifusoras para imponer la sanción correspondiente. Los argumentos de Convergencia se declararon infundados e inoperantes, por lo que quedó firme la multa por 538 mil 21 pesos que le impuso dicha autoridad.
Restituyen derechos a presidente de comunidad tlaxcalteca
Por mayoría de 4 votos a 2, los magistrados del TEPJF confirmaron lo ordenado por la Sala Administrativa Electoral (SAE) del Tribunal Superior de Justicia, en el sentido de que el ayuntamiento de Chiautempan, Tlaxcala tome protesta a Fernando Guevara Salazar como presidente de la comunidad “El Alto” en esa alcaldía e integrante de dicho cabildo.
Ello, luego de confirmar la resolución de la SAE con la que revocó el acuerdo del citado ayuntamiento, con el cual negó la toma de protesta e instalación de Guevara Salazar como miembro de esa administración.
Dicho ciudadano denunció vicios en el procedimiento de notificación para presentarse a protestar y asumir el cargo, con lo que se violentó su derecho de ejercerlo; el magistrado Carrasco Daza, en su proyecto de sentencia propuso darle la razón para instalarlo en sus funciones. Los magistrados Alanis Figueroa, González Oropeza y Nava Gomar votaron a favor.
Los magistrados Pedro Esteban Penagos y José Alejandro Luna Ramos, presidente del TEPJF, votaron en contra del proyecto por considerar que Fernando Guevara, si bien estuvo sujeto a un proceso penal y privado de su libertad cuando fue emplazado a presentarse, debió responder de alguna manera al llamado para dejar constancia de su impedimento de acudir.
En otros casos resueltos por separado, se confirmaron el procedimiento de registro de planillas para la elección de quince Consejeros Nacionales del Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca; las modificaciones a la convocatoria para la elección de representantes seccionales, de consejeras y consejeros municipales, estatales, del exterior y nacional, así como delegadas y delegados a los Congresos Estatales y al Congreso Nacional del PRD.
Por quedar sin materia, luego de que el PAN respondió las solicitudes de 3 mil 433 ciudadanos, se desecharon igual número de juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. Estos panistas denunciaron la omisión del Registro Nacional de Miembros de su partido, de dar respuesta a sus escritos de peticiones de registro como miembros activos del mismo.
En sesión pública de este día, la Sala Superior resolvió 1 asunto general; 3 mil 436 juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, y 6 recursos de apelación, que en total suman 3 mil 443 medios de impugnación. Los proyectos del asunto general número 55 y del JDC 5075 y sus acumulados, todos de este año, fueron retirados.
Por Humberto Moreira
Además de estafados, tienen que pagar la deuda que dejó la ladrona. Se trata de cuentahabientes de HSBC que fueron estafados por una ejecutiva, al obtener préstamos personales a su nombre, y aunque los afectados nunca vieron el dinero, ahora el banco les cobra la deuda con intereses. Karina Paola Martínez Cervantes, presunta responsable del fraude, fue despedida por el banco, y se cree que se fue a trabajar a Monterrey. Laboraba en la sucursal Reforma. José Francisco Ibarra, encargado del despacho de Condusef en esta ciudad, refirió que aunque han recibido cinco quejas, las que están en investigación en la delegación de Tampico. Es posible que haya otras 10 o 15 personas afectadas. El fraude podría llegar al millón de pesos. Mientras, los cinco quejosos reclaman que se les cancele el crédito a su nombre. “Se llevaron a cabo estas solicitudes (de préstamos) hace aproximadamente cuatro a cinco meses, pero la persona que las solicitó y que hizo uso de estos recursos sin el consentimiento de estas personas, llevó a cabo varias aportaciones, varios pagos a los créditos, por lo cual un par de meses los tuvo al corriente”, informó Ibarra. “Hasta estas últimas fechas es cuando se dieron cuenta, ya cuando recibieron llamadas de despachos de cobranza en donde les solicitaban el pago y que se pusieran al corriente con los adeudos que presentaban por concepto de los préstamos personales, obviamente los tomó por sorpresa y al investigar se dieron cuenta”, precisó. Cada uno de los cinco créditos van entre los 40 mil a 60 mil pesos por persona, y nadie sabe por qué el banco los aprobó, si ellos no acudieron a firmar ningún documento. “Desconozco por qué la institución haya accedido (a los préstamos), no sé si incluso se hayan falsificado firmas, desconocemos este tipo de situaciones y nosotros exponemos la problemática al banco con el fin de solicitar la cancelación de estos créditos, pero a fin de cuentas la autoridad que tiene la facultad para llevar a cabo la investigación y delegar responsabilidades es la autoridad penal”, aclaró Ibarra. Los afectados eran amigos de la presunta responsable de fraude, quien les pidió cambiar sus cuentas personales a HSBC para que a ella le dieran comisión, y por ello le entregaron papelería. Es el caso de Jorge Rojo, amigo de Karina, a quien lo convenció para abrir una cuenta de ahorros, afirmó su esposa Azucena Martínez. Hace dos meses se enteró que a nombre de su esposo hay tres créditos, uno por más de 20 mil pesos, otro por más de 40 mil y un tercero por 37 mil, aparte de los intereses, los cuales le empezaron a cobrar mediante llamadas telefónicas, y cuando le preguntó a la ejecutiva del banco, ésta le explicó que sólo eran créditos que tenía disponibles para cuando los quisiera utilizar. Le recomendó que no hiciera caso de esas llamadas, y que cambiara el número de teléfono. Martínez cree que Karina Paola hizo algunos pagos sobre esas deudas para que dejaran de llamar a su casa, pero hace dos meses se enteró que la despidieron por fraude del banco, y entonces investigó el historial crediticio de su esposo, y encontró que tenía deudas por más de 86 mil pesos. “Probablemente ella falsifica firmas, no sé, hasta ahorita no me explico cómo pudo haber sacado tanto dinero. No entiendo cómo el banco pudo haber permitido eso”, manifestó. Los afectados se presentaron ayer a la Condusef, y afirmaron que están dispuestos a interponer una demanda penal en contra de quien resulte responsable.
Por Humberto Moreira
La Cámara de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), alertó a sus integrantes sobre las sanciones que la autoridad electoral impondrá en caso de que se transmitan debates entre pre candidatos a puestos de elección, sin embargo, anunció que analizará la viabilidad de realizar estos ejercicios. En la circular 3963 dirigida las radiodifusoras que forman parte del organismo empresarial, se advierte sobre la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que fue acatado por el Consejo General del IFE el 27 de septiembre pasado, y se enfatiza en la facultad de éste para establecer “fuertes sanciones económicas a estaciones de radiodifusión”. “Dado que las autoridades electorales han refrendado y ampliado la disposición de que la difusión de propaganda político o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral está prohibida, y se han asimilado a estos los debates de los pre candidatos, la CIRT y sus Comités afines harán un análisis exhaustivo para determinar la viabilidad o no de realizar debates en periodo de campañas electorales”. La CIRT explicó a sus miembros lo motivos de las autoridades comiciales para prohibir los debates, entre los que destaca que la trasmisión no fue pagada en tiempos oficiales, se benefició a los precandidatos que participaron al posicionar su imagen, etc. “En razón de lo anterior, es importante considerar que está prohibido, y es inapelable, realizar cualquier tipo de debates entre pre candidatos a cualquier cargo de elección en radio y televisión”, enfatizó para finalizar el documento.
Por Humberto Moreira
Un comando de Los Zetas con respaldo policial ejecutó a la familia del marino Melquisedet Angulo Córdova, reveló la Procuraduría de Justicia de Tabasco. De acuerdo con testimonios de tres halcones (informantes del narco) y de un jefe operativo de esa banda, la dependencia estatal supo de la participación de Los Zetas en el multihomicidio ocurrido en una ranchería de Paraíso. La madrugada del lunes un comando llegó al domicilio del marino, ubicado en la ranchería Quintín Arauz, y ejecutó a su madre, Irma Córdova Pérez; a su tía Josefa Ángulo Flores y sus hermanos Yolidabeit y Benito Ángulo. Los detenidos son Yesenia Hernández Pérez Valencia, Ximena; Izael de Jesús García Reyes, El Góten; Jesús Acosta Saucedo, El Compadre, y Julio Acosta, El Júnior. Dos de los tres hombres son originarios de Saltillo, Coahuila. El procurador Rafael González Lastra relató que un par de días antes del ataque el comando se reunió en un poblado de Cunduacán para coordinar el ataque a familiares del tercer maestre, quien falleció el pasado 16 de diciembre en el operativo de Morelos, en el que fue abatido Arturo Beltrán Leyva. Acompañado de mandos militares, federales y de PGR, González Lastra no precisó cuántos policías ni a qué corporación pertenecen los involucrados, pero confió en que sean detenidos y presentados ante un juez en los próximos días. Versión militar La Secretaría de la Defensa Nacional precisó que el multihomicidio fue ordenado por el encargado de la plaza del cártel del Golfo. La dependencia indicó que la captura se llevó a cabo a partir del trabajo de inteligencia realizado por personal de la 30 Zona Militar, en coordinación con la procuraduría y de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco. “Los citados individuos pagaron (un día antes de la matanza) a los sicarios que ejecutaron a la familia del tercer maestre en el municipio de Paraíso, Tabasco, por orden del encargado de la plaza del cártel del Golfo”, revelaron autoridades militares. La noche del pasado martes personal de la 30 Zona Militar detuvo a los responsables de la masacre en el hotel Real de Lago, ubicado en la colonia Magisterial del municipio de Centro, Tabasco. De acuerdo con testimonios rendidos ante autoridades ministeriales del estado, las cuatro personas reconocieron formar parte de Los Zetas e indicaron que recibían un sueldo quincenal en una ranchería de Cunduacán. Durante el operativo de aprehensión los militares incautaron tres vehículos, ocho teléfonos celulares, tres dosis de droga (cocaína e ice) y dos supuestos sobres de pago, entre otros artículos. Yesenia Hernández Valencia y Azael Jesús García eran seguidos desde hace varios días por agentes estatales como parte de una operación de inteligencia; sin embargo, el lunes pasado, tras el crimen en Paraíso, las autoridades decidieron detenerlos Según el procurador de Tabasco, ambos confesaron trabajar como vigilantes de Los Zetas y haber recibido pagos quincenales desde hace varios meses, así como un aguinaldo en días recientes. Represalias La Procuraduría de Sonora confirmó que los ataques con granadas perpetrados la noche del martes en edificios públicos del municipio de Cajeme están relacionados con la muerte de Arturo Beltrán Leyva. “De acuerdo con las primeras investigaciones, estos hechos son derivados del operativo en Morelos con los resultados que ya se conocen”, señaló el vocero de la dependencia, José Larrinaga Talamantes. El pasado martes un grupo armado atacó con granadas la sede del Supremo Tribunal de Justicia y la Base de Intercepción Aérea de la PGR
Por Humberto Moreira
La Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas (Arpa) planteó su preocupación por un proyecto de ley presentado en el Senado de Entre Ríos por el que se pretende la creación del Colegio de Profesionales de la Comunicación Social. "La iniciativa impone coactivamente las normas de ética que regularán la actividad periodística y un sistema de colegiación obligatoria para todos aquellos que aspiren a ejercer el periodismo en el ámbito provincial", señaló la entidad en un comunicado. Al respecto, Arpa manifestó que "si bien los periodistas tienen el deber moral de ajustar sus conductas a la ética, esa obligación no puede ser receptada por una norma jurídica. La única autoridad competente para juzgar la ética de los periodistas, es la propia sociedad"."Esta conclusión, destinada a preservar la vigencia de una amplia libertad de la palabra escrita o hablada, está impuesta por el artículo 32 de la Constitución Nacional y, en el caso de Entre Ríos, por el artículo 12 de su ley fundamental", se añadió.En ese marco, Arpa recordó que "la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió por unanimidad, en 1985 ante la solicitud del gobierno de Costa Rica para crear un instituto de esa categoría, que la colegiación obligatoria de periodistas, en cuanto impida el acceso de cualquier persona al uso pleno de los medios de comunicación social como vehículo para expresarse o para transmitir información, es incompatible con el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos". "Es por ello que exhortamos a los autores de este proyecto a dejar el mismo sin efecto, puesto que la conformación compulsiva que el mismo establece, no se compadece con la libertad de asociación prevista en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de las Naciones Unidas, y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, normas incorporadas a la Constitución de nuestro país", se concluyó.
